El sector privado en Venezuela
Hay muchos mitos sobre el sector privado en Venezuela, el más conocido es aquel que se refiere a su incuestionable eficiencia. Son parte de esta mitología las siguientes frases: “a diferencia del sector público que es ineficiente y corrupto, el privado es la única garantía de desarrollo” o “el único que podría sacarnos de esta crisis es el sector privado, y si es extranjero, grande y trasnacional mejor todavía” o “la única manera de superar la pobreza es con la inversión privada extranjera”. En Venezuela, el mito más popular de estos tiempos es el que se resume en la siguiente frase, la cual es repetida incansablemente por neoliberales: “la culpa de la actual crisis económica es de la revolución bolivariana que desmanteló al sector privado con expropiaciones y controles”.
La historia económica, los hechos y sobre todo los números desmontan por sí solos estos cuentos. No hay país que haya dado más incentivos, beneficios y concesiones al capital privado que Venezuela, y sin embargo es lo más parasitario que se haya visto jamás. Aclaramos que cuando nos referimos al capital privado no lo hacemos pensando en el bodeguero, ni en el pequeño empresario, aunque estamos conscientes de que burgués es burgués y aunque la contradicción trabajo-capital siempre está presente nos estamos refiriendo sobre todo a las grandes empresas, a los monopolios y a las transnacionales que siempre han estado y siguen estando en nuestro país.
No es precisamente el sector privado el que ha generado, con sus exportaciones, las divisas en Venezuela. Desde que se nacionalizó la industria petrolera en los 70, ha sido el sector público el que ha garantizado el ingreso del 95% de las divisas. El sector privado escasamente ha exportado el 5% del total, lo que muestra su ineficiencia. No conforme con ello, se ha apropiado de más de la mitad de dichas divisas provenientes de la exportación petrolera: desde 1976 y hasta el 2014 (última cifra publicada por el BCV) el sector privado ha recibido US$ 695.026 millones a tipo de cambio subsidiado por parte del Estado.