El virus del hambre. Marca y sello capitalista
Durante los 10 minutos que aproximadamente le tomará leer este artículo, habrán muerto de hambre 110 personas en el mundo, lo que equivale a 15.840 seres humanos diariamente, o casi 6 millones al año según estimaciones de Oxfam. Imagine ir a la cama en las noches sin tener nada qué comer. Imagine la angustia de una madre o un padre al no poder alimentar a sus hijos. Piense en el dolor, y más aún, en la impotencia que causa saber que un niño murió de hambre.
Según el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) titulado El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2021, en 2020, 30% de la población mundial, alrededor de 2.300 millones de personas, no tuvo acceso a una alimentación adecuada. Se lee también en el informe que 12% de la población mundial, 928 millones de personas, padeció inseguridad alimentaria grave durante el año de pandemia, 148 millones más que en 2019.
La situación del hambre en el mundo es aún más indignante por el hecho de que, mientras 2.300 millones de personas no tuvieron acceso a una alimentación adecuada y 6 millones murieron por no tener qué comer durante 2020, se desperdiciaron 2.500 millones de toneladas de alimentos que fueron a parar al basurero, nada más y nada menos que 40% de la producción mundial de alimentos (informe del Fondo Mundial para la Naturaleza). De estos 2.500 millones de toneladas, 1.200 millones, equivalentes a US$ 370 mil millones, se desperdiciaron en la fase de producción agrícola. El resto de la comida, es decir, 1.300 millones de toneladas, se botó en los hogares (61%), en los servicios de alimentos o restaurantes (26%) y en los comercios (13%). Según el mismo informe, 58% del desperdicio de alimentos en la fase agrícola de producción ocurre en los países de ingresos altos y medios de Europa, en América del Norte y países industrializados, a pesar de que éstos cuentan con 37% de la población mundial. En otras palabras, el desperdicio de alimentos en estos países y en términos per cápita, es mucho mayor.
Celsa Peiteado, responsable del programa de Alimentación Sostenible del Fondo Mundial para la Naturaleza dijo en julio 2021: “los datos son alarmantes: se desperdicia suficiente comida como para alimentar a todo el mundo hasta el 2050. Podríamos alimentar a todas las personas que pasan hambre en el planeta más de siete veces”.
En 2016, la ONU dijo que se necesitarían US$ 267.000 millones cada año para acabar con el hambre en 2030. Paradójicamente, cada año se botan, solo en la fase agrícola, US$ 370 mil millones en comida. Por otra parte, también paradójicamente, en 2020, las 10 personas más ricas del mundo incrementaron su riqueza en US$ 413.000 millones (Forbes), o sea, tan solo 10 personas aumentaron su fortuna en casi el doble de lo que necesitan más de 2 mil millones de personas para no tener que ir a la cama sin comer o, pero aun morir de hambre.
De acuerdo con el reciente informe de Oxfam de julio de 2021, se estima que 11 personas mueren cada minuto a causa del hambre, lo que supera la actual tasa de mortalidad por covid-19, que es de 7 personas por minuto. Afirman los de Oxfam: “Lo que parecía una crisis global de salud pública ha derivado rápidamente en una grave crisis de hambre que ha puesto al descubierto la enorme desigualdad del mundo en que vivimos”. Desigualdad que es consecuencia, o mejor dicho, que es específica y característica del sistema económico, social y político que predomina. Insistimos en recordar, sobre todo a aquellos que repiten el discurso del supuesto éxito del capitalismo versus el supuesto fracaso del socialismo que 98% de los 195 países reconocidos por la ONU son capitalistas, así que, el hambre en el mundo tiene sello y marca capitalista.
El problema del hambre en el mundo no es por la falta de alimentos, es por la desigual distribución que se origina en el propio proceso social de la producción basado en la explotación del trabajador, el cual genera pobreza y grandes limitaciones para el acceso a alimentos por parte de las grandes mayorías.
Ochenta años de renta petrolera
El petróleo ha sido parte de nuestra cultura política y también de nuestra política desde hace por lo menos un siglo. Dicen las malas lenguas que los venezolanos vivimos de la “renta” petrolera, que por eso no trabajamos. Así nos identifican.
Cuando revisamos las cifras encontramos que, desde hace unos 80 años, entre 1940 y 2020, han ingresado 1,3 millones de millones de dólares por exportación de hidrocarburos, algo así como 115 veces lo que necesitaron 18 países de Europa para levantarse tras la II Guerra Mundial. Al contrastarlo con, por ejemplo, la imagen de los barrios en Caracas, inmediatamente surge la pregunta: ¿dónde fue a parar ese dineral? Obviamente no hemos sido los venezolanos de a pie los que hemos “vivido” de los ingresos petroleros.
Repiten algunos, en un discurso para nada ingenuo, que el petróleo es uno de los principales males de los venezolanos. Es el caso que, el problema no es el petróleo, el verdadero problema radica en el uso que le hemos dado a los ingresos petroleros, y en cómo se han repartido dichos ingresos.
Es propicia la ocasión del aniversario del diario del pueblo Últimas Noticias para repasar velozmente la historia de cómo se ha distribuido la “renta” petrolera estos 80 años.
Mitad y Mitad (1940-1975). En tiempos de guerra mundial, Venezuela figuraba como uno de los tres mayores productores de petróleo en el mundo y principal surtidor de EEUU y Reino Unido. Solo en la década de los 40 ingresaron US$ 6.028 millones a nuestro país por exportación de petróleo, la mitad de lo que se invirtió para reconstruir toda Europa. La industria petrolera, en esa época y hasta 1975, estaba formalmente en manos de las empresas privadas extranjeras.
Isaías Medina Angarita aprobó la Ley de Hidrocarburos en 1943 mediante la cual se establecía que las nuevas concesiones para la explotación serían por 40 años además de aumentar las regalías a 16,66% y obligar a las empresas a pagar impuesto sobre la renta, en ese momento, 12% según la ley promulgada en 1942. Luego, en 1948, Rómulo Gallegos aprobó el fifty-fifty, impuesto adicional que obligaba a las empresas privadas extranjeras a repartir con el Estado la mitad de las ganancias por el negocio petrolero.